En las últimas semanas, el sector de los alquileres de corta duración a turistas (Viviendas Vacacionales) está en el centro de una agria polémica que enfrenta a los ayuntamientos y al sector turístico en un tira y afloja del que no parece que vaya a salir pronto un vencedor.

Todo empezó en 2018, cuando se democratizó el sector turístico con la apertura a los turistas de alquileres privados de corta duración por parte de los propietarios de pisos en las islas no destinados a residencia personal;

Desde entonces, de hecho, cientos y cientos de solicitudes de licencias de Vivienda Vacacional han ido llegando a raudales de todos aquellos que de alguna manera disponían de un inmueble, generando una gran confusión y abriendo la puerta a un mercado hipercompetitivo y poco regulado, objetivo de improvisadores del sector, subarrendatarios y manteros que han arruinado desde el principio un sector potencialmente muy floreciente.

Al cabo de unos años, la situación se estabilizó con el establecimiento de nuevas normas más estrictas que establecían requisitos muy precisos para obtener una licencia de Vivienda Vacacional y para su gestión, lo que provocó que muchas personas abandonaran esta actividad de forma superficial y poco transparente, la pandemia hizo entonces el resto.

Sin embargo, todavía hay unos cuantos miles de Viviendas Vacacionales que operan silenciosamente online en conocidos portales de reservas turísticas sin cumplir las leyes fiscales, burocráticas y de gestión, por lo que es urgente que las autoridades intervengan para poner fin a esta gestión insana del sector.

El tira y afloja actual se basa precisamente en la ausencia de una regulación definitiva, clara y precisa del sector de los alquileres de corta duración, especialmente en lo relativo a la ubicación de los complejos-edificios en los que se puede alquilar a turistas, ya sea en zonas exclusivamente turísticas o también en zonas «residenciales», a la necesidad o no de autorización de condominio para solicitar una licencia, y a un tope de precios por noche que ha provocado una fuerte subida de los precios de los alquileres residenciales.

Aunque es bien sabido que el turista tiene una cartera mayor que el residente, el problema es que los propietarios prefieren en general alquilar por noches antes que a largo plazo, dados los ingresos absolutamente superiores y el menor riesgo de impago que el alquiler por residencia permanente, lo que hace desaparecer el 3% de viviendas para larga temporada en todo el archipiélago canario.

Por eso, por un lado, los ayuntamientos presionan para que se regule de nuevo el sector, lo que está provocando una escasez material de inmuebles para que los residentes los alquilen, combinada con precios disparatados de los pocos disponibles sin explotación turística; por otro lado, asociaciones del sector como Ascav, afirman con rotundidad la importancia del millonario volumen de negocio del sector del alquiler de corta duración y presionan para la libre disposición de sus inmuebles y la libre explotación de los mismos según la preferencia de los propietarios, señalando en cambio a los municipios por la AUSENCIA DE UN PROYECTO URBANÍSTICO ACTUAL Y VÁLIDO QUE PERMITA NUEVAS CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES PRIVADAS Y PÚBLICAS, poniendo además un techo a los precios de los alquileres de larga duración.

De hecho, no se puede culpar sólo a los propietarios de viviendas turísticas de la ausencia de viviendas para residentes, Viviendas Vacacionales, hay que hacer un análisis más profundo y lúcido de la oferta inmobiliaria de las islas para comprender sus puntos críticos y ponerles remedio.

La situación es bastante complicada y afecta incluso al sector laboral, generando una grave escasez de personal que, debido al elevado coste de los alquileres, renuncia a realizar prácticas en las islas o a un posible traslado, optando por destinos más baratos y económicamente viables.

Un primer paso se dará el próximo mes de junio, cuando la ministra de Turismo, Reyes Maroto, introduzca nuevas medidas en toda España para dar mayor transparencia al sector de las Viviendas vacacionales y, en consecuencia, a todo el sector inmobiliario.