La Nueva Ley de Viviendas Vacacionales en Canarias: Fin de la Era de los Pícaros y Necesidad de una Gestión Profesional
¿Qué puede cambiar con la nueva ley de Viviendas Vacacionales en Gran Canaria?
Últimamente, muchas personas me preguntan qué opino de la nueva ley sobre alquileres de corta duración(Viviendas Vacacionales) que pronto se introducirá en las Islas Canarias, y cuáles serán sus posibles consecuencias. Esta legislación tan esperada traerá cambios significativos, especialmente en Gran Canaria, donde el sector turístico es una de las principales fuentes económicas.
Mayores controles y sanciones
La nueva ley tiene como objetivo central combatir los abusos en el sector del alquiler a corto plazo. Todos los propietarios que alquilen sus casas a corto plazo estarán obligados a registrarse oficialmente mediante la obtención de una licencia de Vivienda Vacacional. Esta licencia será indispensable para operar legalmente y sólo podrá solicitarse si la vivienda cumple una serie de requisitos específicos establecidos por ley. Los propietarios tendrán que registrar a sus huéspedes a través del sistema policial, cumpliendo todas las normas legales sobre seguridad y registro de turistas.
Uno de los puntos clave de la ley es también la obligación de mantener las propiedades en perfecto estado. Los alojamientos para alquileres de corta duración tendrán que cumplir normas estrictas de seguridad e higiene, así como cumplir toda la normativa urbanística aplicable. Sólo las propiedades que cumplan estos criterios podrán obtener o mantener una licencia. Las viviendas que no cumplan la nueva normativa no podrán alquilarse legalmente y, en caso de alquiler ilegal, los propietarios serán objeto de fuertes multas.
El papel del modelo 179
Una medida de control ya introducida, pero poco conocida por muchos arrendadores, es el uso del Modelo 179. Esta herramienta, utilizada por la Agencia Tributaria española, recoge información sobre los ingresos procedentes de los alquileres breves. Los portales de reservas, como Airbnb o Booking, están obligados a comunicar periódicamente datos sobre los alquileres breves, incluidos los importes obtenidos e información sobre la propiedad y el propietario. De este modo, se detecta fácilmente a los arrendatarios irregulares, que corren el riesgo de incurrir en sanciones fiscales.
Consecuencias para los okupas
Para quienes alquilan ilegalmente, la nueva ley es una llamada a la acción: tendrán que cumplirla. Esto significa obtener una licencia de Vivienda Vacacional, registrar a los huéspedes con regularidad y asegurarse de que la vivienda cumple todas las normas exigidas por la ley. No hacerlo no sólo supondrá fuertes multas, sino también la posibilidad de perder el derecho a alquilar la vivienda. La normativa tiene por objeto mejorar la calidad de los alquileres breves, reducir la competencia desleal y garantizar que todos los propietarios contribuyan equitativamente al sistema tributario.
Fin de la era de los "furbies
Con la entrada en vigor de la nueva ley, llegará a su fin la era de los "furbies" que gestionaban improvisadamente sus propiedades en Vivienda Vacacional. Ya no será posible alquilar pisos de forma autónoma y a la ligera, sin hablar español ni tener una referencia local. La ley impondrá más responsabilidad: los arrendatarios tendrán que estar preparados para posibles inspecciones de las autoridades turísticas o de la policía. Además, será imposible seguir evadiendo impuestos sin tener una cuenta bancaria española, con la práctica de enviar los beneficios al extranjero. Las nuevas normas pretenden combatir precisamente este tipo de abusos
Otro aspecto se refiere a las agencias o al amigo de un amigo que gestiona Viviendas Vacacionales a la ligera. Quien gestione una propiedad tendrá que emitir regularmente facturas por comisiones, limpieza y por la estancia del huésped, indicando con precisión las fechas de la estancia. Esto pondrá fin a la gestión "ocasional" por parte de personas no cualificadas, a menudo recomendadas sin verdadera experiencia. El peligro para los propietarios reside en que la Agencia Tributaria española cotejará las cuentas corrientes de estas personas y luego las rastreará hasta los propietarios. Esto podría acarrear fuertes multas a quienes confíen su Vivienda Vacacional a personas o agencias que no gestionen la propiedad de forma conforme a la ley.
¿Mi consejo? Antes de confiar la gestión de tu Vivienda Vacacional a una agencia, es esencial que te asegures de que ésta se encarga no sólo de la gestión operativa, sino también de la fiscal. Sólo así evitarás acabar en situaciones jurídicas y fiscales complejas. Asegurarte de que la gestión se realiza correctamente es un paso indispensable para proteger tu inversión.
Perspectivas de futuro
Con la introducción de la nueva ley y los controles ya existentes a través del Modelo 179, el mercado del alquiler a corto plazo en Gran Canaria estará sujeto a un aumento significativo de la transparencia y la regularidad. Para los arrendadores que operen legalmente, esto podría representar una oportunidad de surgir en un entorno más justo y regulado. Por otro lado, quienes no cumplan la normativa se expondrán a riesgos cada vez mayores, no sólo en términos de sanciones, sino también de perder el derecho a alquilar la vivienda.
Mis reflexiones sobre la Vivienda Vacacional y su futuro en Gran Canaria
En mi opinión, a pesar de las estrictas normativas, es muy poco probable que el mercado de Viviendas Vacacionales desaparezca por completo. Este tipo de alquiler representa una de las mayores fuentes de ingresos de las islas, y el turismo es el motor que mantiene en marcha la economía del archipiélago. Si nadie invirtiera más en viviendas de alquiler a corto plazo, se crearía un efecto dominó que podría provocar una importante crisis económica.
Las inversiones inmobiliarias generan un flujo vital de dinero: desde la compra de viviendas hasta su renovación, desde el mantenimiento hasta el pago de impuestos y tasas. Además, los alquileres de corta duración alimentan muchos otros sectores: restauración, transporte, comercio y servicios locales. Si se desmantelara este sistema, el impacto se dejaría sentir en todas estas actividades, creando un círculo vicioso que reduciría drásticamente la entrada de capital exterior. Menos inversión inmobiliaria significaría menos puestos de trabajo y menos crecimiento para la economía local.
En conclusión, la regulación es importante para garantizar que el sector funciona de forma justa y sostenible, pero eliminar por completo la Vivienda Vacacional no sería ni realista ni deseable. Canarias necesita un flujo constante de inversiones y turistas para mantener viva su economía, y el sector inmobiliario y de alquiler a corto plazo es una parte esencial de ello.
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